Resumen: La sentencia apelada modifica el importe de la pensión alimenticia a cargo del padre, reduciendo la suma de 350 euros a 100 euros mensuales. Se considera acreditada la efectiva existencia de una modificación sustancial en lo que se refiere a la capacidad económica del padre. Cuando se produjo el cese de la convivencia trabajaba y estaba en disposición de hacer frente a la pensión establecida en la sentencia, pero a la fecha de demanda únicamente percibía una ayuda pública de 430 euros al mes, así como la ayuda de alimentos de la Cruz Roja y paga 200 euros por el alquiler de la habitación en la que vive. Las necesidades del menor no han experimentado especial variación. Esta reducción se establece mientras esté en situación de renta mínima y sus ingresos no sean superiores a 700 euros mensuales. En estos supuestos en que el grado de permanencia en el tiempo de la modificación es incierto y puede ser reversible, es procedente fijar también las consecuencias de la reversión. El padre está obligado a comunicar cualquier cambio de su situación económica, pudiendo reclamar la pensión así establecida, incluso con carácter retroactivo, desde el momento en que se produzca el incremento de ingresos.
Resumen: Resolución dictada por la Consellera de Salut i Consum el 9 de septiembre de 2020 por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en zonas urbanas perimetralmente delimitadas. Se argumenta que la disposición administrativa impugnada contraria a los derechos fundamentales a la libertad religiosa, intimidad personal y familiar, inviolabilidad del domicilio, libertad de residencia y circulación, libertad de expresión, reunión; y, por último, el derecho fundamental de manifestación. En primer término, esta Sala hace referencia al ámbito objetivo del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, regulado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998. Se trata de un proceso que requiere la denuncia de sujeto que se haya visto privado puntualmente en el espacio y el tiempo del ejercicio en concreto del derecho que busca proteger y no es un procedimiento para enjuiciar si una medida legal adoptada es o no teóricamente infractora de derechos constitucionales, ya que eso es propio de un juicio de legalidad ordinaria. Esto limita el recurso a casos como la libertad de circulación etc. Pues bien para estos casos las potestades administrativas que justifican estas medidas de privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental de los ciudadanos, se encuentran habilitadas por el artículo 43.1 y 2 de la Constitución
